El Congreso Nacional y el Gobierno parecen dispuestos a continuar tratando de arreglar los problemas de seguridad pública con normas legales cada vez más complejas. No han terminado de autocongratularse por la aprobación de la ley llamada Naín-Retamal, cuyo alcance está siendo objeto de intensas discusiones en las escuelas de derecho, y ya está en debate una nueva regulación sobre el uso de la fuerza que trae una gran cantidad de principios y reglas, pero que además anuncia la necesidad de varios reglamentos.

Hasta hace poco las tareas policiales estaban muy poco reguladas. Al término de este ciclo, probablemente terminemos con una regulación abundante, poco sistemática y difícil de interpretar aun para abogados especialistas.

Pero examinemos el otro extremo de la ecuación: ¿quiénes son los destinatarios de estas regulaciones?, ¿qué capacidad de comprenderlas y aplicarlas tienen los policías que deben actuar en la calle?

Carabineros cuenta con dos sistemas de capacitación bastante estructurados, como son las escuelas de oficiales y suboficiales, en ellas existen programas de formación de larga duración, profesores de diversas especialidades y sistemas competitivos de acceso, todo lo cual permite esperar que los egresados sean profesionales con razonables capacidades para comprender y aplicar normas de cierta complejidad. La poca información disponible indica que las postulaciones a estas escuelas han descendido en los últimos años, lo cual podría afectar la calidad de sus egresados, pero se trata de problemas abordables en instituciones de educación superior.

No obstante, los carabineros de la base del sistema son formados por medio de los llamados grupos regionales. En este caso se trata de sistemas de instrucción mucho más precarios, con requisitos de acceso bastante bajos, cuya duración se aumentó recientemente, pero que tienen importantes deficiencias que han sido identificadas en diversos estudios.

Pero el problema fundamental es que los carabineros comunes de la calle siguen siendo reclutados de acuerdo con las mismas exigencias de hace varias décadas, propias de una época en que la educación del ciudadano promedio era mucho más baja que la actual. Es decir, es muy probable que hace veinte o treinta años quienes eran reclutados como carabineros se encontraran en un nivel relativamente alto dentro de los niveles educativos de su generación. También es probable que esa situación haya cambiado drásticamente. Actualmente cualquier joven chileno que ha egresado de la secundaria puede acceder a la amplia oferta universitaria o de formación técnica, incluso gratuitamente. Frente a esa posibilidad, la oferta de Carabineros no parece muy atractiva en cuanto supone entrar a una profesión donde deberá desempeñarse siempre en funciones subordinadas. Por lo tanto, deberá conformarse con reclutar jóvenes de niveles cada vez más bajos en cuanto a capacidades y formación.

La contradicción me parece evidente. El interés del Congreso por regular y sobrerregular la actividad policial da cuenta del crecimiento y la complejidad de las expectativas que sobre ella recaen. Hoy esperamos que la policía controle actividades criminales sustancialmente más complejas y peligrosas que las que solían ocurrir en el país, pero además esperamos que lo hagan en un entorno de mucha mayor visibilidad y frente a una población mucho más educada y con una expectativa de trato consistente con las mejoras que han experimentado en el resto de su experiencia vital. Pero, por otra parte, no estamos avanzando, y ni siquiera proyectando, una mejora sustantiva en el nivel profesional de los carabineros de la base, que son en definitiva aquellos sobre los que recae la responsabilidad principal en el desempeño de las tareas policiales y la aplicación de las complejas normas que se están aprobando.