Terminan semanas marcadas por los desajustes en la negociación de la Ley Naín-Retamal, que busca regular y darles más atribuciones a las fuerzas policiales. La semana pasada la tensión comenzó entre el Gobierno y los parlamentarios oficialistas para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputadas. Luego, el lunes, hubo una crispada negociación entre los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero con los senadores de oposición en la Comisión de Seguridad, la que terminó con los jefes de las carteras del Interior y Justicia parándose de la mesa en plena sesión, después que la derecha no aceptara la indicación del Gobierno. Ahora, que el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja, parece enfrentar una última instancia: el Tribunal Constitucional (TC). La Moneda advierte que no va a participar de esta iniciativa, señalando que “el Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC, pero la agenda del Ejecutivo avanzará a lo que sigue en los temas de las reglas del uso de la fuerza”, señalan desde Palacio.

Los últimos nueve días han sido complejos para La Moneda. Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares el domingo 26 de marzo, la agenda de seguridad que venía trabajando el Ejecutivo sufrió cambios tanto en el calendario como en sus prioridades. Con la coyuntura, el Parlamento cambió su semana distrital para votar distintas leyes y, entre estas, el proyecto de ley Naín-Retamal, que –como aseguran fuentes de Palacio– por temas administrativos del Congreso no fue posible hacer indicaciones y por eso llamaron a aprobarlo, con la apuesta de modificarlo en el Senado. 

A regañadientes por parte de algunos diputados de la alianza de Gobierno, aprobaron el proyecto siempre y cuando pudieran modificar los artículos que más generaban ruido, entre los que destacaba el artículo 7, que contemplaba la “legítima defensa privilegiada”. Sin embargo, las mismas fuentes revelaron que no contaban con la actitud que tendría la oposición en la Comisión de Seguridad liderada por el senador Felipe Kast. 

En dicha comisión, todas las indicaciones propuestas por el Ejecutivo se rechazaron y fracasó el intento del oficialismo de regular el uso de la fuerza y otras atribuciones de las FF.AA., de Orden y Seguridad Pública a través del Código de Justicia Militar. Como la oposición quería regularlo por el Código Penal, se les pasó la aplanadora. “Lo que vinimos a alegar ha sido rechazado de cuajo”, dijo la ministra Tohá antes de retirarse de la mesa junto al ministro Cordero, en medio de la sesión. 

Un día más tarde, el martes, las autoridades gubernamentales asistieron al Congreso en Valparaíso para insistir en las materias que ellos consideraban prioritarias. Ahí encontraron más voluntad de diálogo. A eso de las cuatro de la tarde, la titular de la Segegob, Camila Vallejo; la ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos; y los ministros Tohá y Cordero, comenzaron a cuadrarse con los senadores oficialistas para preparar una propuesta a la oposición y poder arreglar materias que para ellos eran preocupantes y artículos que habían sido aprobados en la comisión, pero para el Gobierno resultaban “desproporcionados”. 

El documento con propuestas fue y volvió en el oficialismo, y la oposición, a su vez, con propuestas y contrapropuestas, mientras en la Sala del Senado los legisladores daban sus discursos sobre la materia. Finalmente, el proyecto quedó en el Código Penal, a contracorriente de los deseos del Gobierno, al igual que muchas otras indicaciones. Sin embargo, el Ejecutivo logró el objetivo de corregir los riesgos de proporcionalidad del uso de la fuerza y establecer una normativa más coherente y clara respecto a los casos en que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden utilizar sus armas, además de puntualizar que la legítima defensa fuese en protección de la vida del funcionario o de un tercero, mas no de bienes. 

En la tarde del martes, la propuesta fue aprobada en general en la Cámara de Diputadas y Diputados con 137 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Luego, en particular, tras 18 votaciones, todos los artículos consiguieron cruzar la barrera de aprobación.

Desde el Gobierno advirtieron que lograron solucionar sus temas prioritarios en el Senado, sin embargo, es un proyecto “mucho más grande que esos artículos”. Parlamentarios oficialistas advirtieron que llevarán la ley al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad de algunas normas contenidas en ella. El primero en anunciarlo fue el jefe de bancada PC, Boris Barrera, ese mismo martes en la tarde: “Estamos estudiando el camino, tenemos un texto avanzado y ahora solamente lo estamos afinando. De acuerdo a lo que salió del Senado, hay inconstitucionalidad”, manifestó el parlamentario.

También lo plantearon varios senadores del oficialismo, previo a que se cambiaran los artículos clave. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, anunció que recurriría al TC por tres artículos que están “lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a las instituciones policiales”. Incluso, la senadora Yasna Porovoste (DC) advirtió que estima que existen artículos que “no protegen a las policías, se les termina judicializando y afecta el principio de legalidad y proporcionalidad”.

Sin embargo –como se señaló–, desde el Ejecutivo son categóricos en afirmar que no participarán de tal iniciativa: “El Gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó. Los parlamentarios están en su derecho de ir al TC”.

En tanto, la senadora Fabiola Campillai fue más lejos aún, con una posibilidad que el Gobierno no ha mencionado. La legisladora independiente advirtió que, si era aprobada la ley, iba a solicitar el veto presidencial, “porque creo que es necesario”. Por su parte, Francisco Huenchumilla (DC), vicepresidente del Senado, tampoco quedó muy satisfecho con la propuesta que emanó de su Corporación y planteó, en caso de que se aprobara en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo siguiente: “Creo que debería estudiarse la posibilidad de tener un veto para hacer un ordenamiento dentro del texto y no tener cuestiones contradictorias. No es bueno legislar a la rápida. Sobre todo cuando son materias complejas y difíciles desde el punto de vista jurídico”, recalcó.